Juan Mario Laserna: Senador 2010-2014

POR LA CUAL SE CREA EL FONDO DE COMPENSACIÓN Y EQUIDAD REGIONAL (FCER) EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

El Fondo de Compensación y Equidad Regional  (FCER) beneficiará a los municipios que tengan NBI mayor o igual al 150% y que estén en la periferia del país: Siete departamentos del Caribe colombiano, Cauca, Nariño, Buenaventura, Choco y el Caribe antioqueño, la Amazonía, Norte de Santander y la Orinoquía.

Este Fondo de Compensación y Equidad Regional es estructurado por el CEER sobre tres pilares básicos:

1. Una estrategia de desarrollo productivo.
2. Una nueva ética de lo público.
3. Un Fondo temporal que de a las regiones periféricas un gran empuje económico (“big push”) para salir de ese equilibrio de bajos ingresos.

Como estrategia de desarrollo productivo, el fondo lograría mayores niveles de bienestar para la población de las regiones periféricas de Colombia a partir del reconocimiento de que no puede haber una dicotomía entre los Objetivos de mayor crecimiento económico y los de reducción de las disparidades, pues son complementarios.

El segundo componente permitiría que la apertura económica sea más útil para el país pues es necesario que se cuente con la infraestructura de capital humano y físico para poder ser competitivos en el ámbito internacional. Adicionalmente se señala que la localización de las industrias en las zonas periféricas, especialmente cerca de los puertos, puede generar condiciones para un mayor crecimiento a través del fortalecimiento de los mercados locales, consistente en un mayor empleo y la ampliación del consumo y la demanda de bienes al interior de los municipios periféricos.

Finalmente, el tercer componente, involucra una nueva ética de lo público, pues refuerza el anterior pilar en el sentido de que sin bien las políticas para alcanzar mayores niveles de equidad son indispensables, es de vital importancia que se otorgue prioridad a la defensa de lo colectivo, y se vigile el buen uso de los recursos, condenándose social y jurídicamente la corrupción y el despilfarro de los bienes públicos.